El Ministerio Público ha señalado a Donald Guerrero, exministro de Hacienda, y a José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia, como los líderes de una estructura creada para estafar y desfalcar al Estado dominicano en el caso de corrupción conocido como Calamar.
Según la investigación, ambos miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) recibieron sobornos millonarios para enriquecerse ilegalmente y financiar la campaña política del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien se postuló a la presidencia por el mismo partido en 2020.
Emilio César Rivas (occiso), el entonces titular de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales, también es acusado de colaborar con Guerrero y Peralta para realizar maniobras fraudulentas. Rivas firmó el 95% de los acuerdos de pagos de expropiaciones, consciente de que estos no cumplían con los requisitos legales, lo que sirvió como instrumento para la distracción de fondos públicos. Además, se le acusa de recibir sobornos millonarios para beneficio personal.
Claudio Silver Peña Peña, exdirector de Catastro Nacional, es otro de los imputados señalados como cómplices de la supuesta estructura orquestada "desde las entrañas del Poder Ejecutivo". En la petición de allanamiento se le acusa de haber incurrido en actos de corrupción durante su gestión, así como en los delitos de asociación de malhechores y coalición de funcionarios. También se le señala por presuntamente estafar, desfalcar y recibir sobornos de aproximadamente RD$60,280,000.
Luis Miguel Piccirillo Mccabe, exdirector del Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), actuó en confabulación con Donald Guerrero y los demás imputados en la compra fraudulenta de dos parcelas en el Mercado de Productos Agropecuarios (Merca Santo Domingo) a través de la dependencia que dirigía, desfalcando al Estado. Para la compra ilegal de estos terrenos, Piccirillo recibió sobornos por casi 59 millones de pesos por parte de la estructura de corrupción.
Daniel Omar Caamaño Santana, excontralor General de la República entre 2016 y 2020, también es señalado por el Ministerio Público por autorizar pagos basados en cesiones de créditos y actuar en complicidad con Guerrero, Rivas y Piccirillo. Se le acusa de haber recibido sobornos por más de 366 millones de pesos entre diciembre 2019 y julio 2020.
En total, se estima que la estructura de corrupción investigada sustrajo más de RD$19,653 millones por concepto de acuerdos transaccionales fraudulentos relacionados con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas.
Además de los mencionados, otros imputados en el caso son Oscar Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández y Ángel Lockward.
0 Comentarios