El Estado dominicano presentó una querella penal y como actor civil contra varios detenidos en la Operación Calamar, así como contra testigos del Ministerio Público en el caso, incluyendo al empresario Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo). La presentó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público en abril de 2022, solicitando una compensación de RD$26,880,935,984.34 por daños y perjuicios sufridos.
El Estado enlista a once personas como autores de delitos como coalición de funcionarios, falsedad en escritura pública y privada, prevaricación y desfalco, sobornos o cohecho de funcionarios, intervención en asuntos incompatibles con la calidad de funcionario, enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores, estafa agravada en perjuicio del Estado dominicano, falta de declaración jurada y lavado de activo. Los supuestos autores de esos delitos incluyen a Ángel Donald Guerrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño, Luis Miguel Piccirillo McCabe, Claudio Silver Peña, Emilio Olivo Toribio, Gonzalo Castillo, Ramón David Hernández, Ramón Emilio Jiménez Collie, José Arturo Ureña Pérez, Fernando Crisóstomo Herrera y Efraín Santiago Báez Fajardo.
Jiménez Collie y Crisóstomo Herrera son los principales testigos de la Pepca en el caso Calamar, que acusa a exfuncionarios peledeístas de defalcar al Estado dominicano con más de 19,000 millones de pesos. La solicitud de medida de coerción incluye a otros exfuncionarios, como el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, el exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial, Gonzalo Castillo, y el abogado y político Ángel Lockward.
La querella del Estado también incluye a otras 19 personas como cómplices, entre ellas el exadministrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo Mezquita, y los sucesores del fallecido Emilio Rivas, exdirector de Bienes Nacionales, como terceros civilmente responsables.
El Estado señala que fue afectado a través de sus dependencias Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Dirección General de Bienes Nacionales, Dirección General de Catastro Nacional, Consejo Estatal del Azúcar, Instituto Agrario Dominicano y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, en su condición de continuador jurídico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
La querella del Estado hace referencia a que el Ministerio de Hacienda hizo libramientos de pagos entre enero y julio de 2020, por un monto ascendente a los 10,827.6 millones de pesos, por concepto de pago de expropiaciones o adquisiciones de terrenos. Señala que el 74 % de los recursos fueron a parar a manos de personas contra las que acciona. En el caso particular de Ramón Emilio Jiménez Collie
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