Familiares de cuatro opositores que están en huelga de hambre en la cárcel policial de El Chipote, en Nicaragua, entre ellos la legendaria ex comandante guerrillera sandinista Dora María Téllez, dijeron el lunes que temen por sus vidas y demandaron su libertad.
“Tememos que puedan morir en ese centro de tortura. Cada día que pasa, sus vidas corren mayor peligro”, indicaron en un comunicado los parientes de Téllez, del periodista Miguel Mendoza, del sociólogo Irving Larios y del abogado Róger Reyes. Ellos participaron en una rueda de prensa virtual junto a familiares de otros opositores detenidos en ese mismo centro policial.
Según sus familias, los cuatro reos de conciencia iniciaron en septiembre una huelga de hambre para presionar por “el fin de las condiciones inhumanas” en las que viven, con mala alimentación, sin atención médica ni visitas frecuentes. En el caso de Mendoza y Reyes, exigen ver a sus hijas menores de edad, lo cual se les ha negado desde su arresto hace más de un año, afirman.
Dijeron que la preocupación obedece a que el régimen de Daniel Ortega suspendió las visitas familiares en El Chipote hace 52 días, cuando ocurrió la última de ellas, de dos horas de duración. Indicaron que hoy desconocen cómo se encuentran.
Téllez, que en 1978 asaltó el Congreso en un operativo armado sandinista contra el dictador Anastasio Somoza, cumplió 66 años en prisión, adonde fue llevada por ser fundadora del opositor partido UNAMOS (antes Movimiento Renovador Sandinista, MRS). Según sus familiares, la huelga de hambre afectaría aún más su precaria salud.
En el comunicado, los parientes dijeron que la incomunicación con sus familias es “parte de la tortura psicológica del régimen”, y que cuando insisten en pedir las visitas los amenazan con no entregarles a los reos las botellas de agua que a diario deben llevarles a El Chipote.
“Mi esposo lleva 27 días en huelga de hambre y estoy sumamente preocupada, no sé cómo está”, dijo Fernanda Guevara, esposa de Róger Reyes, quien era abogado del ex aspirante a la presidencia Félix Maradiaga, también recluido en el Chipote desde su arresto en junio de 2021.
La periodista Berta Valle, esposa de Maradiaga y exiliada en Estados Unidos, también demandó que se permita a su esposo recibir una llamada telefónica o un dibujo de su hija de 9 años, o al menos una Biblia para leer.
“Ellos han sido juzgados arbitrariamente y condenados en juicios secretos, no tienen acceso a materiales de lectura o escritura, no se les permite hablar entre sí, y muchos ni siquiera tienen derecho a una cobija”, denunció Valle.
En su comunicado, los familiares pidieron para los reos “atención médica especializada, alimentación adecuada y la garantía al respeto a sus derechos humanos”. También reclamaron el cese del confinamiento solitario en que permanecen la mayoría de ellos.
“Alejandra llora todos los días por su padre”, dijo Ramón Mendoza, hermano del periodista Miguel Mendoza, quien dejó de comer para exigir que se le permita ver a su hija de 8 años. Agregó que no ha visto a su hermano desde el 1 de septiembre, pero sabe que inició la huelga de hambre hace 29 días.
Mendoza señaló que presentaron 11 solicitudes formales para que se autorice el ingreso de la niña, pero las autoridades “han puesto oídos sordos”. “Exigimos la suspensión de esta agonía, de esta tortura psicológica”, agregó.
“Esto es como una pesadilla. Nos levantamos todos los días con la incertidumbre de tenerlo preso y esperar el permiso para una visita”, dijo, por su parte, Raití Larios, hija del opositor Irving Larios.
Para Ana Lucía Álvarez, quien es hermana de Tamara Dávila y sobrina de Ana Margarita Vijil, ambas dirigentes de UNAMOS y arrestadas hace 16 meses, la situación “es inaceptable” y compromete al Estado de Nicaragua.
“Nuestros familiares están bajo custodia del Estado y cualquier cosa que les suceda será responsabilidad del Estado”, dijo Álvarez. Agregó que ellos viven ahora “bajo un estado de miedo y de terror, porque el régimen ha comenzado a detener también a los familiares” de los opositores presos o exiliados.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), afirmó que el régimen de Ortega ha violado la Ley 473 del régimen penitenciario, que obliga a dar un trato humanitario a los privados de libertad, así como las llamadas “reglas Mandela” para los reos de conciencia y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Núñez, una abogada de 84 años que sigue trabajando en Nicaragua pese a que el Cenidh fue clausurado tras las protestas sociales de 2018, dijo estar decepcionada al ver que su labor resulta “infructuosa” porque “esta no es una cuestión jurídica, sino de perversidad”.
“Estamos exigiendo cumplimiento de la ley a un Estado que ha sido colapsado por esta nueva dictadura”, afirmó. Agregó que el gobierno de Ortega “ha puesto a prueba la efectividad” de instrumentos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a su juicio “deben ser reformulados”.
Nicaragua vive una grave crisis desde la revuelta social de abril de 2018, cuando según la CIDH la represión policial de las protestas dejó 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y unos 100.000 exiliados.
Visitas periódicas
Los familiares de los presos políticos de Nicaragua demandaron a las autoridades que les permita visitar a más de 40 de estos que se encuentran recluidos y en aislamiento total, especialmente a los que presumen están en huelga de hambre para ver a sus hijos, o por un mejor trato.
Los familiares de los más de 40 opositores hicieron su demanda al cumplir 52 días sin ver a los “presos políticos”, el tiempo más largo que estos han pasado sin visitas.
“Demandamos que se nos brinde información de cómo se encuentran en los períodos entre visitas, terminar con el confinamiento solitario y el aislamiento del mundo exterior”, clamaron los familiares, en un documento en el que también pidieron la “regularización de visitas periódicas cada 15 días (según la legislación local) para ver a nuestros familiares presos políticos y constatar su estado de salud”.
Los familiares, en su mayoría esposas de los convictos, pusieron énfasis en el derecho de los hijos menores de edad a ver a sus padres presos, que según datos avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suman 219.
“Hay 150 hijos que no han tenido acceso regular a sus padres y madres, dentro de ese grupo 50 son menores de 5 años, y casi 20 que no han tenido acceso en más de un año a sus padres y sus madres”, reclamó la periodista Berta Valle, esposa del exaspirante a candidato a la Presidencia preso Félix Maradiaga, en una conferencia de prensa telemática.
En la conferencia los familiares expusieron casos de niñas que han tenido colapsos psicológicos por no poder comunicarse con sus padres, o el caso del abogado Róger Reyes, cuya pérdida parcial de memoria en prisión afectó los recuerdos de sus hijas.
En sus demandas, los familiares incluyeron el cumplimiento del “Código de la Niñez” y de la “Ley Penitenciaria”, para que los hijos se reunieran con sus padres, o al menos lo permitieran “a través de llamadas telefónicas, dibujos y mensajes”.
(Con información de AP y EFE)
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