La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia Rosario Baptista renunció a su cargo tras denunciar que el ente “está secuestrado”. A través de una carta dirigida al vicepresidente del país, David Choquehuanca, la ahora ex funcionaria dijo que el TSE está “secuestrado por intereses ajenos a la justicia, a la democracia y a los derechos políticos, de la misma manera que lo están los demás poderes del Estado”.
“No estoy dispuesta a ser cómplice de todo este sistema, ni legitimarlo con mi presencia, por tanto, en consideración a todo lo expuesto, me veo en la obligación de presentar mi renuncia irrevocable al cargo de vocal, que ejerzo por designación de la Asamblea Legislativa”, afirmó en el escrito que publicó en su cuenta de Facebook.
En otro pasaje de la misiva, Baptista manifestó que, “más allá de los resultados de las elecciones de 2019, en el proceso electoral de 2020 se ignoraron los verdaderos resultados y principios obligados de respeto a los derechos humanos, sometiendo a la ciudadanía a la voluntad política del partido político que bajo las condiciones actuales nunca perderá una elección”.
El partido al que se refiere es el Movimiento al Socialismo (MAS), la agrupación del ex jefe de Estado Evo Morales y del actual presidente, Luis Arce.
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La ex vocal del TSJ también expresó que el cumplimiento de sus obligaciones y deberes hacia la ciudadanía “se vieron coartados por una visión cerrada y dogmática, que responde al clima de agresividad que emana del Órgano Legislativo, que se traduce en la falta de diálogo y de una agenda común que responda a los intereses ciudadanos, la negación de una discusión política propia de una democracia, y un accionar más bien sometido a la corriente autoritaria y antidemocrática que gobierna el país, que no reconoce la heterogeneidad de la sociedad boliviana y su representación, y que al igual que el sistema judicial sometido a esos intereses, permite la recurrente violación sistemática de los derechos humanos”.
“Bajo estas condiciones, es imposible la tutela de los derechos políticos y de identidad, y menos aún la preservación de la institucionalidad democrática”, agregó; y denunció que “el control total de todos los órganos del Estado por el partido gobernante ha dejado la organización de elecciones periódicas como único elemento que genera en la gente la ilusión de que vivimos en una democracia, cuyo desmantelamiento ha dejado el voto como único elemento sobreviviente, pero bajo condiciones legales, técnicas e institucionales que lo convierten en algo nominal, ya que la voluntad ciudadana y la soberanía son manipuladas no sólo a través del resultado electoral, sino a través de la información que se brinda a la ciudadanía para perpetuar en el poder al partido gobernante”.
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Por último, en el escrito dirigido al vicepresidente, pidió: “Invoco a la Asamblea Legislativa Plurinacional que usted preside (Choquehuanca) para que cumpla el mandato que le ha dado el pueblo boliviano y garantice que las leyes que emita respondan solamente a la libertad y la dignidad de la gente, no de un partido político, y sean respetadas y cumplidas para recuperar el estado de derecho, restablecer la justicia y las efectivas garantías constitucionales, para el ejercicio pleno de los derechos humanos, en libertad. Libere al Órgano Electoral, al Órgano Legislativo, al Órgano Judicial y a todo el sistema de administración de Justicia para que respondan a los principios de integridad, independencia e imparcialidad, sometidos únicamente a la Constitución y a las leyes, no al interés de la impunidad de quienes detentan y detentaron el poder, utilizándolo como herramienta de extorsión y persecución”.
Baptista, quien era vocal desde el 19 de diciembre de 2019, había asegurado el mes pasado que el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, llevaba adelante un nuevo conteo de votos para lavar la imagen del ex presidente Evo Morales, con el fin de posicionar una falsa verdad sobre las elecciones anuladas del 2019, de acuerdo a lo que recordó El Deber.
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El Gobierno busca desarticular el paro sin convocar a los comités cívicos
La renuncia de la funcionaria se dio luego de cinco días de huelga general en el país. El Gobierno intenta desarticular el paro convocando a algunos sectores al diálogo y dejando por fuera a comités cívicos y opositores a los que acusa de buscar “desestabilizar” al país, mientras las bases oficialistas han anunciado nuevas movilizaciones para “defender” la democracia.
La polémica ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo ha sido el centro de las marchas, bloqueos y demás acciones que se han registrado en todo el país y con varios incidentes entre manifestantes, la Policía y sectores oficialistas.
En esta quinta jornada del paro, en Santa Cruz, motor económico del país y eje de la huelga nacional, se notó este viernes mayor presencia de militares en las calles, lo que desde hace días preocupa a las autoridades regionales y a los sectores movilizados porque se da en medio de los conflictos por la abrogación de la ley.
Sin embargo, desde el Estado Mayor del Ejército se afirmó que esos militares y el equipo militar que fue desplazado a esa región forma parte de los actos por el 221 aniversario del Ejército este sábado.
En otras regiones continuaron por quinto día las manifestaciones como en Tarija en donde se realizó un “banderazo”, en La Paz, donde hubo otra movilización vespertina y en Sucre, la capital de Bolivia, los transportistas de Chuquisaca anunciaron que harán bloqueos desde el próximo lunes.
En Cochabamba el transporte pesado y otros sectores hicieron una marcha masiva y bloquearon algunas calles de la ciudad en las que se veían carteles con mensajes “morir antes que esclavos vivir”. Posteriormente se aglutinaron en un ampliado liderado por la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia.
Fuente: Infobae
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