El Ministerio Público pidió al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Lavandier, imponer medida de coerción en contra de la diputada Rosa Amalia Pilarte López, acusada de delitos de narcotráfico y lavado de activos.
El procurador adjunto Pedro Amador en la instancia pidió al juez imponer presentación periódico, impedimento de salida del país.
Igualmente, solicitó como medida de coerción el pago de una garantía económica en efectivo ascendente a la suma de 100 millones.
El procurador adjunto hace el pedimento en la instancia de solicitud de apertura a juicio en contra la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, había instruido investigar a la diputada Rosa Amalia Pilarte López por delitos de narcotráfico y lavado de activos.
La diputada Pilarte López figura como imputada en el expediente contra su esposo Miguel Arturo López Florencio (Miky López) y sus dos hijos, Ada María Pilarte y José Antonio Román, contra quienes el Ministerio Público presentó acusación ante la jurisdicción de La Vega.
La acusación incluye a las empresas Auto Crédito Selecto, Servi Crédito Selecto, Agropecuaria Gloria Ivette, e Inmobiliaria Gloria Ivette. De acuerdo con la acusación, las empresas de carpeta son utilizadas de fachada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos por las actividades del narcotráfico.
Por participar en la red permanece prófugo el extraditado Pablo Antonio Martínez Javier, socio de Miky López condenado en Estados Unidos en 2009 por narcotráfico.
Los fiscales sostienen que la organización criminal movió entre 2007 y 2019 más de RD$2,000 millones, información corroborada por los movimientos económicos en los bancos nacionales y cuyo origen eran las actividades ilícitas.
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