El actor Andrés Alberto Castillo Salas enfrentará juicio por acoso y coacción contra una adolescente de 14 años, según dictaminó el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El magistrado Deiby Timoteo Peguero tomó la decisión al finalizar la audiencia preliminar, luego de aceptar la solicitud de apertura a juicio presentada por el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Guillermo de la Cruz Peña. El fiscal presentó pruebas contundentes que demostraron la responsabilidad penal del acusado en los hechos que se le imputan.
De acuerdo con De la Cruz Peña, el acusado violó el artículo 354 del Código Penal Dominicano, el artículo 12 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) y el artículo 396 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología al invitar a la adolescente a un supuesto casting de una película sin el consentimiento de sus padres.
El artículo 354 del Código Penal establece que "se impondrá pena de reclusión a aquel que, mediante engaño, violencia o intimidación, robe, sustraiga o arrebate uno o más menores, haciéndolos abandonar la vivienda o el domicilio de aquellos bajo cuya autoridad o dirección se encontraban".
Por su parte, el artículo 12 de la Ley 136-03 (Código del Menor) establece el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la integridad personal, que incluye el respeto a su dignidad, integridad física, psíquica, moral y sexual, así como la preservación de su imagen, identidad, autonomía, valores, ideas, creencias, espacio y objetos personales. Además, dicho artículo establece la responsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad de protegerlos contra cualquier forma de explotación, maltrato, tortura, abuso o negligencia que afecte su integridad personal.
El actor Andrés Castillo fue sujeto a medidas de coerción, que incluyeron impedimento de salida, presentación periódica, orden de alejamiento y la prohibición de contactar a la víctima, impuestas por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional el 7 de noviembre de 2022. Esta decisión fue tomada luego de que el Ministerio Público y los actores civiles presentaran una apelación ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional en respuesta a la decisión previa del tribunal, presidido en ese momento por el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, que otorgó al acusado libertad pura y simple alegando que la acusación no configuraba un delito atribuido al imputado.
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