El Ministerio Público en la solicitud de orden de allanamiento de la operación Calamar afirmó que en 2019, antes de las Elecciones Primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el entonces presidente Danilo Medina convocó a una reunión en su despacho del Palacio Nacional, en la que varios miembros de alto nivel de su equipo estuvieron presentes. En la reunión, el presidente Medina instruyó a los presentes a buscar fondos ilícitamente para financiar las campañas políticas de las elecciones internas del PLD y la del 2020. Entre los presentes estaban los investigados Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Simón Lizardo, Francisco Pagán, entre otros.
Posteriormente, José Ramón Peralta solicitó a Francisco Pagán que convocara al ingeniero Bolívar Ventura, uno de los principales constructores del Estado Dominicano, a su oficina en el Palacio Nacional. En la reunión, Peralta le dijo a Ventura que debía hacer un aporte para la campaña a cambio de que se le pagara una parte de las deudas que tenía con el Estado. Para coordinar los pagos, debía ir donde el exministro de Hacienda Donald Guerrero.
En una reunión coordinada por Francisco Pagán, Donald Guerrero le dijo a Bolívar Ventura que necesitaban fondos para las elecciones internas del 2019 y que a cambio de la entrega de esos fondos, le pagarían una parte de la deuda que el Estado tenía con él. Bolívar Ventura indicó que podía dar doscientos millones de pesos, pero ante la insistencia de Donald Guerrero terminaron en que Ventura entregaría la suma de quinientos millones de pesos.
Los investigados Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros, se coaligaron para distraer del Estado los referidos RD $527,694,838.00. Para lograrlo, consiguieron que el investigado Víctor Encarnación, entonces director técnico de la OISOE, realizara volumetrías falsas de obras incluso cerradas que habían sido realizadas por las empresas de Bolívar Ventura. Estas cubicaciones falsas constituyen una estafa contra el Estado dominicano.
Los investigados solicitaron decenas de millones a Bolívar Ventura, quien les dijo que no era posible mover todas esas cantidades en efectivo por la ley de lavado de activos. Es ahí donde se dispone hacer los contactos con el administrador del Banco de Reservas Simón Lizardo, quien delega la asistencia en el Contralor del Banco de Reservas, el investigado Andrés Guerrero, lo que sería el inicio de la operación de lavado más grande cometida en el menor tiempo, hasta hoy, en detrimento del patrimonio del Estado Dominicano.
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