En el barrio de Los Sin Bañarse, la necesidad, exclusión y vulnerabilidad guardan una relación bastante cercana. Casi como la que tienen entre sí las personas que allí habitan. Ubicado en Los Tres Brazos, este lugar representa un claro ejemplo de lo contrario a un hábitat digno.
Frente al desinterés, por varias décadas, de entidades como la Alcaldía de Santo Domingo Este, la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Medio Ambiente, en Los Sin Bañarse, montañas de plástico, materiales de construcción y basura sirven de zapata para las casas de quienes huyen de las inundaciones del río Ozama.
En esa porción de terreno, que se alcanza a ver desde el Teleférico de Santo Domingo, hay dos tipos de habitantes: los que, en búsqueda de comodidad y seguridad, reunieron suficientes desechos y dinero para construir sus hogares sobre desperdicios y pasaron de la “muerte a la vida”; y quienes viven más pegados al suelo, con temor de que las aguas acaben con sus enseres.
Más de 200 familias habitan en Las Lilas, uno de los nombres con que se conoce a Los Sin Bañarse. No obstante, quienes se elevaron sobre la basura provocaron un grave problema a quienes siguen en el “purgatorio” ya que estos quedan hundidos en una especie de hoyo, vulnerables a cualquier gota de agua.
El señor Anthony Moreta es uno de los representantes de la comunidad. Considera que el sueño de progreso es el motivo por el que algunas personas cambiaron el nombre de Los Sin Bañarse a Las Lilas. Tras casi 40 años de su fundación, destaca que ya tienen energía eléctrica y unos cuantos “ranchos" pasaron de madera a blocks de cemento.
“Vienen todas las clases de autoridades y organizaciones y dicen que van a resolver, pero nunca lo hacen. Solo nos queda la esperanza en Dios”, lamenta Moreta.
“Están en un riesgo extremo de perder, no solo ajuares, sino la vida o agenciarse enfermedades respiratorias”, advierte Patricia Gómez, coordinadora del área producción social del hábitat de Ciudad Alternativa, una organización no gubernamental que trabaja los temas de transformación digna de la ciudad.
Tampoco el Gobierno evita que se ocupen esos lugares. “No genera políticas que permitan proteger las familias y la franja que manda la ley de Medio Ambiente alrededor de los ríos”, explica Patricia Gómez. “La gente va donde les permitan vivir, con excepción de algunos casos”.
Aunque la Constitución dominicana y la Estrategia Nacional de Desarrollo refieren que el Estado debe garantizar las condiciones para una vivienda digna y asentamientos que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos, esto no se cumple con Los Sin Bañarse. Mientras Moreta muestra las necesidades del lugar, dos jóvenes pasan con una carreta llena de basura que servirá, en una primera etapa, para rellenar el terreno. Para la segunda capa, se compran camiones de grava. Llevar el vehículo hasta esa zona cuesta 3,000 pesos y quien “tira” el material cobra unos 1,600. No sale barato ya que para “fortalecer la zapata” se necesitan varios rellenos y se pagan múltiples cargas. Una vez preparado el “solar”, se vende en 200,000.
A don Román, de 70 años, no lo pudieron operar de la columna debido a su edad. También tiene problemas en la vista. Aun así, trabaja como triciculero aunque ahora solo lo hace los domingos. A veces se gana 300 o 500 pesos y, cuando puede, guarda 100.
En su dormitorio tiene una pila de blocks y una tabla de madera, que le sirven de escalera a su cama cuando la vivienda se inunda. Asegura que durante algunas lluvias, su casa se llenó de agua hasta el techo.
Cuando ocurren las inundaciones, don Román se guarece donde sus vecinos y “espera que Dios decida el tiempo que dure el agua”. Antes vivía un nieto con él, pero el joven se fue, harto de los desbordamientos.
La casa de don Román es una de las más afectadas ya que queda en la parte baja del sector. Al no tener vía de escape, el agua se le acumula, hedionda, por varias semanas.
“Es una situación precaria, pero antes no era así. Ha sido después del relleno de los de arriba”, dice.
Anthony Moreta asegura que si Román pudiera comprar un camión de materiales hiciera lo que hacen los de arriba. Rellenar para que el agua no se le metiera.
“Ellos ya están arriba, están limpios. Gente que no tenía casa ya tiene. Esta es la parte más vulnerable. Ha sido nuestro destino”, lamenta Román.
La Ley de Viviendas, Asentamientos Humanos y Edificaciones se trabajó por años, con el impulso de propuestas de ley de parte de organizaciones civiles ya que nunca pasaba desde el Congreso. Con el mandato de Luis Abinader, la legislación avanzó aunque solo mantiene tres proposiciones del sector social: el derecho a una vivienda adecuada; la gestión de riesgo y el cambio climático y la producción social del hábitat.
La introducción de las alianzas público-privadas constituyó un enorme cambio para la Ley de Viviendas, ya que la mayoría de artículos refiere que se debe incluir al sector privado en la formulación de programas para reducir el déficit habitacional en los sectores más empobrecidos. El problema es que el fomento de la producción privada solo beneficia a la población bancarizada y que puede gestionar un préstamo hipotecario. Además, se necesitan fomentar procesos de producción de vivienda orientados a la integración de las familias, que resignifiquen su sentido de ciudadanía y en donde el lucro no sea el mediador para tener derecho a un domicilio adecuado.
Aunque en el Ministerio de Vivienda hay un Departamento de Producción Social del Hábitat, para este reportaje no se pudo concertar una entrevista.
“Todavía la ley medio queda en el aire y no sabemos cómo se hará una política de distinción para esos tres tipos de producción”, indica Virginia Pastor, técnica urbanista.
La producción social del hábitat permitiría que Román y Miledys, así como el resto de familias de ese sector, se conviertan en parte activa del proceso de construcción de sus hogares y trabajen en conjunto con otros miembros de la comunidad. Por ende, contribuiría “a fortalecer las prácticas comunitarias, el ejercicio directo de la democracia, la autoestima de los participantes y una convivencia social más vigorosa”. Además, al situar al ser humano en el centro de sus estrategias, este tipo de procesos posee un impacto transformador.
“Un elemento que trae consigo la producción social del hábitat es la apropiación, romper con la dádiva y el clientelismo, ya que aporta la dignificación del grupo que se agencia su propia estructura, con sus propios diseños”, comenta Patricia Gómez.
Programas que implementen la producción social del hábitat también pueden convertirse en una solución para Paola, de 28 años, que casi no abre la puerta de su casita de zinc y cartón en Los Sin Bañarse porque teme al qué dirán. Una salita alberga un colchoncito desgastado y roto, en el que duermen sus cinco hijos de 13,11, siete, ocho y cuatro años.
No paga alquiler, la casa es de su mamá. Al no trabajar, solo pudo quedarse con dos de sus hijos. Con los demás le ayudan familiares y allegados. En ocasiones, duerme junto a sus pequeños en el colchón, pero la mayoría de las veces se acuesta sobre un montón de ropa para que ellos duerman más cómodos.
Una regidora le prometió trabajo, pero ya pasaron más de dos meses sin ninguna novedad. Empeñó en 7,000 pesos las tablets que le dieron en la escuela porque una de sus niñas duró 22 días interna. Algunas veces los vecinos le pasan un poco de arroz.
Aunque proyectos como Familia Feliz prometen facilitar el acceso a la vivienda a personas como Paola, para acceder a ellos debe pedir un préstamo bancario. A pesar de que el Estado ayuda hay gente que no puede bancarizarse o no cubre los requisitos debido a sus niveles de ingreso y otros indicadores sociales. Por igual, de poder acceder a un crédito se comprometerían sus entradas financieras arriesgando la posibilidad de cubrir otros gastos como la alimentación o la salud.
Datos recopilados por Ciudad Alternativa evidencian que aunque la pobreza (medida por línea de pobreza) mostró una disminución constante desde el año 2012, hasta el primer cuatrimestre del año 2020, esa reducción no representa un cambio en los niveles de disfrute de bienestar. Por ejemplo, hubo un movimiento de las familias por encima de la miseria extrema y moderada, pero se mantiene una franja alta de población que se considera como vulnerable y con mucha sensibilidad a situarse por debajo de la línea de la pobreza.
“En ese sentido, el surgimiento del programa Familia Feliz apunta hacia el logro de un objetivo importante para hogares que no pudieron adquirir una vivienda bajo las condiciones del mercado inmobiliario, dadas las dificultades para tener validez en el sistema bancario, que es la vía de acceso para obtener un préstamo hipotecario”, indica un informe de CA. Sin embargo, datos recopilados por la entidad indican la necesidad de otras soluciones adicionales ya que para Familia Feliz “solo se toman en cuenta los ingresos percibidos por las familias por conceptos asociados a alguna labor realizada en el mercado laboral, rentas asociadas a alquileres o por dividendos provenientes de productos financieros tanto nacionales como internacionales”. No obstante, se excluyen las entradas de las familias provenientes de programas sociales, remesas o ayudas privadas.
Al lado de Román, vive la señora Francia Almonte, de 64 años. En el barrio la conocen como Miledys. Toda su vida trabajó como empleada doméstica. “Soy diabética, hipertensa y operada de tiroides. También me encontraron un cáncer”, dice. “Cuando salí del trabajo me dieron una ‘boronita’ y se me fue en la casa”.
Miledys gastó 20,000 pesos en construir un muro para contener el paso del agua, pero no siempre funciona. Tanto ella como Román tienen 35 años viviendo en el sector y 25 en el terreno que ambos comparten. Para la señora, el barrio no cambió, está de mal en peor.
Según Ciudad Alternativa, desde 2020 hasta la fecha, a nivel nacional se contabilizan unas 300 viviendas construidas bajo programas del Estado. Esta cifra no representa la necesidad de casas nuevas que ocurrían en el país por inercia. Igual pasa con el mejoramiento: es muy poco y tampoco impacta las deficiencias que se producen por el crecimiento vegetativo.
“La situación de la vivienda sigue siendo tan compleja como en 2017. La esperanza de que mejore no es mucha, porque a pesar de tener la ley, el presupuesto para vivienda mejoró muy poco”, comenta la investigadora Jenny Torres.
En Los Sin Bañarse, la casa de Patricia Cuevas queda frente a una pequeña pila de desperdicios. Un grupo de moscas vuela sin cesar alrededor de su puerta. Las espanta, mientras cuenta que la única solución para las familias de ese lugar es rellenar con basura o salir del barrio.
“Aquí vino un camión de basura una vez. Solo cruzó esa vez porque nadie echó basura”, dice Patricia. “¡Se fue vacío!”.
Ella vive con seis nietos. No sabe a dónde iría si la sacan de ahí. No pasa un día sin que vea a alguien echar una carreta llena de basura, hasta formar una pila que, como la semilla de una planta, crecerá hasta llegar a las alturas.
Fuente: Listin Diario
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