Benito Enrique Martínez (Twitter)
El Ministerio Público de Nicaragua acusó al sacerdote Benito Enrique Martínez por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso de noticias falsas en perjuicio del Estado nicaragüense, informó este miércoles el Poder Judicial.
Martínez, de 64 años y que fue encarcelado el jueves pasado, es el noveno sacerdote nicaragüense detenido en los últimos seis meses, incluido a Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, y el octavo en ser acusado por la Fiscalía.
La acusación fue presentada por la fiscal del caso Heydi Estela Ramírez Olivas ante la juez Karen Vanessa Chavarría Morales, titular del Juzgado Noveno Distrito de lo Penal de Audiencia Circunscripción Managua.
La acusación fiscal identifica al Estado de Nicaragua como víctima u ofendido por el presbítero, según el acta de celebración de audiencia preliminar publicada en línea por el Poder Judicial.
La familia del sacerdote presentó el martes ante el Tribunal de Apelaciones Sala Penal Uno Circunscripción Managua un recurso de exhibición por detención ilegal contra el comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, el cual se encuentra en trámite.
La detención de Martínez fue anunciada y denunciada el viernes pasado por el sacerdote nicaragüense exiliado Uriel Vallejos.
En su denuncia, Vallejos adjuntó un video en el que aparece el sacerdote detenido y ahora acusado arengando a un grupo de estudiantes en las afueras de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) tras finalizar la denominada “Madre de Todas las Marchas” contra el Gobierno, el 30 de mayo de 2018, que fue atacada por policías y civiles armados dejando un saldo de ocho fallecidos.
En el video, Martínez pide a los estudiantes que se manifestaron contra el Ejecutivo de Daniel Ortega que “no se acobarden” y grita “Viva Nicaragua”, “Viva las madres de los caídos del 19 (de abril de 2018)”, “Vivan los médicos, los periodistas decentes”.
También gritó “fuera la pareja asesina”, “fuera los miserables asesinos”, en alusión a la pareja presidencial nicaragüense, y luego repitió siete veces “fuera”.
Con este nuevo arresto, suman 9 los religiosos detenidos en los últimos seis meses, incluido el obispo Álvarez, quien, sin embargo, no ha sido oficialmente acusado.
Hace tres semanas, Ortega arremetió contra la Iglesia católica que dirige el papa Francisco, la acusó de no practicar la democracia, de ser una “dictadura” y una “tiranía perfecta” y de haber utilizado “a sus obispos en Nicaragua para dar un golpe de Estado” a su Gobierno en el marco de las manifestaciones que estallaron en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social.
El arresto del obispo Álvarez y los otros ocho sacerdotes, incluido Martínez, es el capítulo más reciente de un último año especialmente convulso para la Iglesia católica de Nicaragua con el Gobierno de Ortega, quien ha tildado de “golpistas” y “terroristas” a los jerarcas.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas alertó sobre el “grave deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua desde las protestas sociales de 2018, durante una sesión realizada el miércoles en Ginebra y a la cual el régimen de Daniel Ortega no envió representantes.
La reunión se convocó para revisar el IV informe periódico sobre Nicaragua y su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se discutieron 29 temas, como la situación de los opositores presos, restricciones a la libertad de movilización, censura de prensa, irregularidades en las elecciones y falta de independencia judicial.
“Resulta claro que, a la luz de la información recibida, la situación de los derechos humanos se ha ido deteriorando de manera muy grave”, dijo la presidenta del comité, Photini Pazartzis, al clausurar la cita. Lamentó que el Estado de Nicaragua “haya optado por no entablar un diálogo constructivo” con los miembros de esa instancia de la ONU.
Agregó que debido a la ausencia de un representante del Estado nicaragüense, la sesión prevista para el jueves fue suspendida, aunque el gobierno de Managua tiene 48 horas para enviar sus opiniones sobre los temas expuestos.
El español Carlos Gómez, relator del Comité, se refirió al “maltrato” del régimen de Ortega hacia los disidentes presos (más de 200, según cifras de la oposición), que han sido condenados con penas de hasta 13 años de cárcel.
Ellos “han sido sentenciados en juicios a puertas cerradas, algunos en los mismos centros de detención y sin permitir entrevistas previas con sus abogados”, dijo. Agregó que jueces y fiscales son nombrados “por asuntos de filiación política” y no por capacidad profesional.
Por su parte, la egipcia Wafaa Ashraf Bassim, señaló que “preocupa” la situación en las cárceles de Nicaragua y que el régimen “no ha respondido a preguntas sobre las condiciones de detención”, como hacinamiento, deficiente saneamiento y alimentación, y falta de acceso a la atención médica.
Bassim expresó alarma por la muerte, en febrero, del líder opositor preso Hugo Torres, quien fue transferido a un hospital “de forma tardía” desde la cárcel policial de El Chipote,así como por las restricciones de las visitas familiares a los detenidos y por el “excesivo” tiempo de prisión preventiva (90 días) antes del inicio de los juicios a defensores de derechos humanos, periodistas y opositores.
Sobre el tema de la libertad de expresión, Gómez indicó que entre 120 y 150 periodistas nicaragüenses han sido forzados al exilio y que el régimen confiscó tres medios de comunicación desde 2018. Sólo en el presente año ha clausurado 23 estaciones de radio y televisión, añadió.
Uno de los medios confiscados es el diario La Prensa, cuyo gerente Hugo Hollman fue sentenciado a 9 años de prisión. Otros seis periodistas han sido condenados hasta con 13 años de cárcel, entre ellos Miguel Mora, dueño del también confiscado canal 100% Noticias, quien había estado preso en 2018-2019 por primera vez junto a su jefa de prensa Lucía Pineda, agregó.
El relator destacó que Ortega prohibió desde septiembre de 2018 todas las manifestaciones públicas opositoras, así como las concentraciones de partidos políticos que no participen en elecciones.
A su turno, el portugués José Santos Pais indicó que en 2021 fueron condenados 11 mujeres y 39 hombres “por querer participar en política, entre ellos siete aspirantes a la presidencia” en las elecciones de noviembre pasado, en las que Ortega se reeligió por tercera vez para un cuarto mandato consecutivo.
Resaltó que hoy en Nicaragua “todos los poderes se han concentrado en el Ejecutivo” y que en mayo de 2021 una reforma a la Ley Electoral “favoreció la hegemonía del partido de gobierno”, el izquierdista Frente Sandinista.
A la sesión del Comité asistieron delegados de organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, que presentaron diez informes en los que denunciaron violación de derechos humanos.
“Una vez más el Estado de Nicaragua falla en sus obligaciones internacionales, pues no compareció ante el comité y no respondió a la lista de preguntas del grupo de expertos”, señaló Wendy Flores, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.
Olga Valle, directora de la red social Urnas Abiertas, instó por su parte al régimen al “cese inmediato de la represión, la libertad plena de las personas presas políticas, el nombramiento de nuevas autoridades electorales y la devolución de la personería jurídica de los partidos arbitrariamente cancelados”.
El régimen nicaragüense no ha informado sobre los motivos de su ausencia.
(Con información de EFE y AP)
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