Foto de archivo
La Policía de Ecuador anunció el domingo (19.09.2022) que requisó la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) en Quito para convertirla en base para su personal que controlará, en los alrededores, protestas que indígenas realizan contra el Gobierno desde hace una semana.
"La Policía Nacional ha notificado la requisición del lugar, basados en el estado de excepción", señaló la institución en un comunicado.
El presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción el 17 de junio en las provincias andinas de Pichincha (cuya capital es Quito), Cotopaxi e Imbabura, donde se registra el grueso de las manifestaciones. La opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), que participó en revueltas que derrocaron a tres mandatarios entre 1997 y 2005, convocó a las protestas en reclamo de una rebaja de precios de combustibles.
La requisición del inmueble -que tiene salas de teatro y cine, un museo y una biblioteca- se dio en la antesala de la anunciada entrada de indígenas a la capital, donde rige un toque de queda nocturno de siete horas. La sede de la CCE albergó a miles de indígenas en octubre de 2019, durante las violentas protestas contra el alza del precio de los combustibles que dejaron 11 personas muertas y más de 1.000 heridas. En el lugar, en medio de esas manifestaciones, fueron retenidos temporalmente periodistas y policías.
La CCE informó que "la Policía Nacional junto a militares ha ingresado" a sus instalaciones y que "cientos de elementos armados han sitiado" su sede. Decenas de artistas, gestores culturales y empleados de la entidad protestaban por la decisión policial.
Más temprano, la Fiscalía allanó la CCE tras una denuncia por la "presunta existencia de material explosivo". Luego de una inspección, el ente acusador dejó las instalaciones y publicó por Twitter que "no se incautaron indicios ni se registraron detenidos".
El presidente de la CCE, Fernando Cerón, dijo por esa misma red social: "Esta noche ha muerto la alegría, la Casa de la Cultura ha caído en manos del terror policial, vivimos en dictadura".
La Policía afirmó que allí instalará personal de la Unidad de Mantenimiento del Orden que "realizará su trabajo en calles aledañas" para precautelar la seguridad ciudadana "ante las amenazas de grupos sociales que usan como forma de protesta la violencia".
Las manifestaciones indígenas, que empezaron siete días atrás a nivel nacional, dejan 61 agentes heridos y 14 retenidos temporalmente, según la Policía. Organizaciones indígenas sostienen que de su lado hay 48 personas heridas y 75 detenidas.
ama (afp, efe)
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