El Ministerio Público tiene en planes presentar nuevos imputados y empresas en el caso Coral, a través del cual acusa a varios exfuncionarios y otras personas de corrupción administrativas durante sus funciones. Esto, a pesar de que el tribunal que conoce el expediente le otorgó este miércoles un plazo de 15 días para depositar la acusación contra los acusados, los cuales guardan prisión preventiva de 18 meses.
Así lo reveló este miércoles el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
No es la primera vez que al Ministerio Público se le acoge una solicitud de plazo para continuar con el caso de la operación Coral, pues este lunes 18 de abril, precisamente, se cumplieron los 60 días que le otorgó el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional luego de que el órgano le pidiera más tiempo alegando que el caso es complejo.
Las declaraciones de Camacho fueron suministradas por la Procuraduría General de la República en una nota de prensa.
El documento señala que el procurador adjunto se refirió al caso Coral al responder preguntas de la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego del conocimiento de una acción de amparo en uno de los procesos que lleva la Pepca.
Camacho también justificó la tardanza en presentar los cargos bajo el alegato de que valdrá la pena.
“Cuando se deposite esta acusación, se verá por qué el Ministerio Público se toma todo el tiempo necesario para presentar de manera completa en las acusaciones las estructuras que participan en estas operaciones”, indicó.
El titular de la Pepca dijo que con la Operación Coral no será la excepción del comportamiento del MP en los casos contra la corrupción que busca condenas ejemplares.
“Operación Coral no será la excepción, ya que cuando presentemos la acusación se podrá ver cómo de manera completa se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados todos los involucrados de esta operación a responder por sus hechos”, recalcó.
La acusación del Ministerio Público involucra al mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien era titular del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y quien supuestamente aprovechó su cercanía con el expresidente Danilo Medina para defraudar al Estado.
También, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Igualmente, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez (quien hizo un acuerdo de colaboración con la Fiscalía).
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