Un tratado firmado en el 1929 y que, además, figura en la Constitución de la República, prohíbe que se desvíe el caudal del río Masacre, como tienen estipulado las autoridades haitianas, quienes construyen un canal de riego agrícola que se alimentaría del afluente, que es la frontera natural entre ambos países por unos cinco kilómetros y cuyo caudal ha disminuido en gran parte por la deforestación.
El artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje entre República Dominicana y Haití establece que “en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites entre los dos Estados, ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas”.
El mismo artículo aclara que ambos países pueden utilizar el agua para el riego o irrigación, sin embargo, deja claro que ninguno de los países puede modificar el curso del río. “Esta disposición no se podrá interpretar en el sentido de privar a ninguno de los dos Estados del derecho de usar, de una manera justa y equitativa, dentro de los límites de sus territorios respectivos, dichos ríos y otros cursos de agua para el riego de las tierras y otros fines agrícolas e industriales”, dice el tratado.
El convenio entre ambos países es parte integral de la Constitución dominicana vigente, que en su artículo 11 se refiere a los tratados fronterizos.
El convenio entre ambos países es parte integral de la Constitución dominicana vigente, que en su artículo 11 se refiere a los tratados fronterizos.
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